Poder Judicial: diferencias entre individuos, cargos e instituciones

De comprobarse nepotismo, que se denuncie a estos individuos, una denuncia real, no una mediática. Lo mismo si se comprueba corrupción de un juez o magistrado en particular. El video cae en un error de “generalización apresurada”, sobre todo cuando afirma que se cierra las puertas a nuevos “abogados”-no todos los egresados de derecho lo son-, cuando es uno de los ramos donde mejor carrera profesional se puede tener siendo egresado de escuela pública. Tal como Sánchez Cordero, cinco magistrados de la Suprema Corte en activo son de la UNAM (uno de la Universidad de Colima) y otros tres tienen maestría o doctorado de la misma institución.

 Hay muchos más casos de individuos que caen en nepotismo en instituciones como PEMEX o la SEP, donde aparte meten mano al presupuesto federal, pero que no van a tocar porque ya se "cuadraron" antes de las elecciones. No es una cuestión de "justicia social", ni van a resolver la pobreza con eso, es una lucha por controlar los tres poderes, de ahí que se ataque a los individuos para buscar vulnerar una institución y sus cargos.

Más allá de los sueldos, AMLO está traspasando funciones que constitucionalmente NO le corresponden. Puede negociar con el poder judicial una reducción en sus ingresos, pero no, lo que vemos es un intento de imposición de su voluntad por encima de una institución. Esto es lo más preocupante de todo, si deseamos un estado moderno (si es lo que deseamos). La concentración del poder en un individuo o un grupo en particular (algo que ya ocurrió en las peores épocas del PRI) nunca ha traído nada bueno en el largo plazo.

Aunque menor, Calderón propuso en su momento una reducción de salarios, pero se limitó al poder ejecutivo. El poder legislativo tuvo que votar una reducción de sus ingresos para nivelarse con el ejecutivo, pero sólo lo hicieron parcialmente, pese a la mayoría de Morena. En el ejecutivo se daría fácilmente un ahorro mucho mayor: 2.94 billones de pesos ejercidos en 2018, contra 71 mil millones de pesos en el poder judicial, 41 veces más; si es lo que realmente se busca.